La diputada Beatriz García Adame ha puesto sobre la mesa una iniciativa crucial para el estado de Guerrero: un exhorto a los ayuntamientos para que modernicen sus reglamentos de Tránsito y Vialidad. Esta propuesta busca adaptar la normativa municipal a las realidades actuales de la movilidad urbana y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública, con un enfoque particular en los más vulnerables.
La urgencia de esta medida radica en que una gran parte de los reglamentos municipales de tránsito en Guerrero se encuentran obsoletos, algunos datando de 1993, 1999 o 2004. Esta desactualización genera un vacío legal y operativo que no permite abordar eficientemente los desafíos contemporáneos del tránsito, la infraestructura vial y la seguridad. Solo 21 de los 85 municipios del estado cuentan con una normativa actualizada, lo que evidencia una disparidad significativa y un riesgo latente para la población.
La falta de una regulación moderna contribuye a la alta incidencia de accidentes de tránsito en la entidad, que no solo provocan pérdidas humanas y lesiones, sino también un considerable costo económico y social. La diputada García Adame subrayó la necesidad de homologar las normativas locales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Guerrero, garantizando así un marco jurídico coherente y efectivo.
La modernización propuesta abarca diversos aspectos clave. Se busca priorizar a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, redefiniendo la jerarquía vial. Además, se pretende actualizar lo relativo a la infraestructura, señalética, educación vial, accesibilidad, protección ambiental y la operación del transporte público. Un sistema de sanciones y multas claro y justo también es parte fundamental de esta actualización, asegurando que las infracciones tengan consecuencias adecuadas y disuasorias.
Implementar reglamentos modernos y armonizados permitirá a los municipios de Guerrero construir entornos más seguros, eficientes y equitativos. Al centrarse en la seguridad vial y la movilidad sostenible, se espera una reducción en el número de accidentes, una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y un avance significativo hacia una cultura vial más responsable. Este llamado legislativo es un paso esencial para transformar la movilidad en el estado, promoviendo ciudades más amigables y seguras para todos sus habitantes.
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