La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha abordado recientemente la polémica en torno al cobro de un adeudo fiscal al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, enfatizando que este proceso no constituye un asunto personal, sino una cuestión estrictamente institucional y legal.
Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo fue categórica al señalar que la gestión de este cobro recae enteramente en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). «No es algo personal, es un tema del Servicio de Administración Tributaria», afirmó la próxima mandataria, desvinculando cualquier implicación de una confrontación individual con el reconocido empresario.
Esta declaración busca clarificar la postura de la administración entrante ante una situación que ha generado amplio debate público. La insistencia en que el tema es competencia exclusiva del SAT subraya la intención de mantener la aplicación de la ley dentro de los cauces institucionales, lejos de cualquier percepción de retaliación o animadversión personal. Sheinbaum destacó que, en este tipo de situaciones, «se tiene que seguir el debido proceso», reiterando el compromiso con el marco legal y la correcta ejecución de los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.
El adeudo de Grupo Salinas ha sido un tema recurrente en la agenda pública y mediática, con cifras que se estiman en miles de millones de pesos. La administración actual, y por ende la futura, ha manifestado una política de cero tolerancia a la evasión y adeudos fiscales, buscando fortalecer las finanzas públicas a través de una recaudación justa y eficiente. La postura de Sheinbaum se alinea con este principio, buscando proyectar una imagen de imparcialidad y apego a la norma.
Al recalcar que el proceso es una prerrogativa del SAT y que se respetará el debido proceso, Sheinbaum Pardo busca transmitir certidumbre sobre la seriedad y profesionalismo con la que se abordarán estos temas en su sexenio, asegurando que las decisiones se tomarán con base en la ley y no en disputas personales. Este enfoque es crucial para la estabilidad económica y la confianza en las instituciones del país.
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