**Mar de Cortés en Peligro: Crece la Marea de Oposición Contra la Megaplanta de Amoniaco en Topolobampo**

Ciudad de México a 5 de junio, 2026 — Por: Redacción

Topolobampo, Sinaloa – La Bahía de Ohuira, un santuario de manglares y vida marina en el noroeste de México, se ha convertido en el epicentro de una batalla ambiental y social que se intensifica día a día. La construcción de una planta de amoniaco por parte de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) ha desatado una ola de indignación y resistencia, con voces que advierten sobre un inminente «megaecocidio» y la destrucción irreversible de uno de los ecosistemas más valiosos del país.

La tensión es palpable en esta región de Ahome, Sinaloa, donde pescadores, activistas y organizaciones civiles se han unido en un frente común contra un proyecto que, a pesar de contar con autorizaciones ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde 2014, y ampliadas en 2018, sigue generando un profundo rechazo. «Es el inicio de un megaecocidio», sentencia Ramón F. Artola, director de la organización Defensores del Mar de Cortés, resumiendo el sentir de miles de personas que ven en esta planta una amenaza existencial para su modo de vida y el patrimonio natural.

Un Ecosistema en la Mira: La Joya de la Bahía de Ohuira

La Bahía de Ohuira no es un lugar cualquiera. Designada como sitio Ramsar, es decir, un humedal de importancia internacional, alberga una riqueza biológica extraordinaria. Sus extensos manglares son vitales para la reproducción de innumerables especies marinas, sirviendo como criadero natural para camarones, peces, jaibas y moluscos. Este delicado equilibrio ecológico sustenta directamente a aproximadamente 10 mil familias de pescadores de la región, cuya subsistencia depende enteramente de la salud del ecosistema.

El proyecto de GPO, una planta de amoniaco que ocuparía 76 hectáreas, se ubica estratégicamente en esta bahía, lo que para sus opositores es una afrenta directa a la conservación ambiental. La producción de amoniaco anhidro a gran escala no solo implica la alteración física del terreno y la destrucción de manglares, sino también riesgos inherentes de contaminación y accidentes. La posibilidad de derrames o fugas de una sustancia tan peligrosa como el amoniaco podría tener consecuencias catastróficas para la flora y fauna marina, así como para la salud de las comunidades circundantes.

Cronología de un Conflicto: Permisos, Amparos y Resistencia

La historia de este controvertido proyecto se remonta a 2014, cuando la Semarnat otorgó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción de la planta. Cuatro años después, en 2018, la misma dependencia federal amplió dichas autorizaciones, permitiendo a GPO avanzar con sus planes. Sin embargo, la oposición no tardó en manifestarse.

Ese mismo año, un juez federal concedió un amparo que ordenaba la suspensión de las obras, atendiendo a las preocupaciones de las comunidades. En 2019, otro amparo fue interpuesto por comunidades indígenas, argumentando la violación de sus derechos a la consulta previa, libre e informada, un requisito fundamental en proyectos que impactan sus territorios ancestrales. Las comunidades Yaquis y Mayos, con una profunda conexión cultural y territorial con la bahía, han sido voces clave en esta lucha.

La situación dio un giro en 2021, cuando GPO presentó un supuesto acuerdo con algunas comunidades indígenas, lo que permitió la reanudación de las obras. No obstante, este acuerdo fue rápidamente cuestionado por otros grupos indígenas y ambientalistas, quienes denunciaron que no representaba el sentir de todas las comunidades y que carecía de la legitimidad necesaria. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema, sugiriendo la necesidad de una consulta exhaustiva, aunque las obras, según los opositores, han continuado su avance.

Los Argumentos de la Oposición: Un Estudio de Riesgo Insuficiente y Daños Irreversibles

El Colectivo Por Un Topolobampo Libre de Amoniaco y otras organizaciones han sido incisivos en sus críticas al Estudio de Riesgo Ambiental (ERA) presentado por GPO y avalado por Semarnat. Argumentan que el estudio es deficiente, incompleto y no considera los impactos acumulativos que un proyecto de esta magnitud tendría sobre un ecosistema tan frágil. La destrucción de manglares, por ejemplo, no solo afecta la biodiversidad, sino que también elimina una barrera natural contra fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, dejando a las comunidades más vulnerables.

Más allá de lo ambiental, la preocupación se extiende a los riesgos para la salud humana y la seguridad. Las plantas de amoniaco son instalaciones de alto riesgo, y su proximidad a zonas habitadas y áreas de pesca intensiva genera un temor constante entre los pobladores. Las explosiones o fugas podrían tener consecuencias devastadoras, afectando no solo la vida de las personas, sino también la capacidad de la bahía para recuperarse.

La dimensión social y económica es igualmente crítica. Los pescadores de Topolobampo ven amenazada su fuente de ingresos de generaciones. La contaminación y la alteración del ecosistema significarían el fin de su actividad, sumiendo a miles de familias en la precariedad. La falta de una consulta genuina y el desdén por los derechos de las comunidades indígenas y pesqueras son percibidos como una imposición que prioriza los intereses económicos sobre el bienestar humano y ambiental.

Señalamientos y la Inacción de Autoridades

La controversia se ha visto empañada también por señalamientos de conflictos de interés. Particularmente, se ha mencionado al director de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Octavio Almada Palafox, por su presunta relación previa con GPO, lo que para los opositores arroja dudas sobre la imparcialidad de las instituciones encargadas de velar por el medio ambiente y los recursos pesqueros.

A pesar de las múltiples denuncias, los amparos y la creciente movilización social, la percepción general es que las autoridades no han actuado con la contundencia necesaria para detener un proyecto que es percibido como una bomba de tiempo ambiental. La Semarnat, al defender la legalidad de sus autorizaciones, parece desestimar las nuevas evidencias y los argumentos de la ciencia y la comunidad, que claman por una revisión profunda y transparente del proyecto.

El Futuro de la Bahía de Ohuira: Entre el Desarrollo y la Devastación

La batalla por Topolobampo es un claro ejemplo de la tensión entre el desarrollo económico y la conservación ambiental en México. Mientras los promotores de la planta argumentan la generación de empleos y el impulso a la economía regional, los opositores insisten en que estos beneficios no pueden justificar la destrucción de un ecosistema irremplazable y el sacrificio del sustento de miles de personas.

La lucha continúa en los tribunales, en las calles y en los corazones de quienes defienden el Mar de Cortés. El desenlace de este conflicto no solo determinará el futuro de la Bahía de Ohuira y sus comunidades, sino que también sentará un precedente crucial sobre cómo México aborda sus proyectos de infraestructura y si la voz de la sociedad civil y la protección del medio ambiente pueden prevalecer sobre los intereses corporativos.