El estado de Guerrero podría experimentar un cambio significativo en la gestión de sus servicios hídricos si prospera la reciente iniciativa legislativa presentada por el diputado Masedonio Mendoza Basurto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La propuesta busca reformar la Ley de Aguas del Estado para incluir a un representante de los trabajadores en los consejos de administración de organismos operadores clave, como la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA), y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH).
La iniciativa se fundamenta en la necesidad de inyectar mayor transparencia y eficiencia en la administración de estos organismos, que a menudo enfrentan desafíos como el abasto irregular, fugas constantes en la red y deficiencias en la facturación. El diputado Mendoza Basurto argumenta que los trabajadores, al ser quienes operan y mantienen la infraestructura diariamente, poseen un conocimiento invaluable sobre las problemáticas reales y las posibles soluciones operativas. Su participación directa en las decisiones estratégicas podría conducir a una mejora sustancial en la prestación del servicio a la ciudadanía.
Específicamente, la propuesta plantea que un delegado de la Sección 30 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) ocupe un asiento en estos consejos. Si bien este representante tendría voz para exponer la perspectiva laboral y técnica, no contaría con voto en las resoluciones. La intención es clara: fomentar una cultura de mejora continua, prevenir actos de corrupción y asegurar que las políticas implementadas no solo sean viables desde una perspectiva administrativa, sino que también respondan a las necesidades operativas y a la realidad del servicio en campo.
De ser aprobada, esta reforma marcaría un precedente importante en la gobernanza del agua en Guerrero, al integrar a un actor fundamental en la cadena de valor del servicio. La voz de los trabajadores en los consejos de administración podría traducirse en una toma de decisiones más informada, mayor rendición de cuentas y, en última instancia, en un servicio de agua potable más equitativo y eficiente para los municipios de la entidad.
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