Guerrero: Diputada Impulsa la Participación Política de Personas con Discapacidad

La diputada Marben de la Cruz Santiago ha puesto sobre la mesa del Congreso de Guerrero una trascendental iniciativa que busca fortalecer y garantizar la participación política de las personas con discapacidad en la entidad. Esta propuesta, de vital importancia, aspira a eliminar las barreras persistentes que limitan el pleno ejercicio de sus derechos cívicos y electorales.

La legisladora subrayó la necesidad imperante de adecuar el marco jurídico estatal para asegurar que este segmento de la población, a menudo marginado, pueda involucrarse activamente en la vida política de Guerrero. A pesar de los avances normativos a nivel nacional e internacional, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aún persisten desafíos significativos que impiden su acceso equitativo a cargos de elección popular, procesos de votación informada y espacios de toma de decisión.

La iniciativa de la diputada de la Cruz Santiago propone reformas clave tanto a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guerrero como a la Ley Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. El objetivo es claro: establecer mecanismos que promuevan la accesibilidad universal en los procesos electorales, desde la información y la propaganda política hasta la infraestructura de las casillas, y garantizar la no discriminación en la postulación de candidaturas.

Estas modificaciones buscan garantizar no solo el derecho al voto, sino también el derecho a ser votado, fomentando una verdadera inclusión en la esfera pública. La propuesta es un llamado a la acción para construir una sociedad más justa, donde la diversidad sea vista como una fortaleza y no como un obstáculo. Al armonizar la legislación local con los principios de igualdad y no discriminación, Guerrero daría un paso firme hacia la consolidación de una democracia más representativa y participativa.

La iniciativa representa un compromiso palpable con los derechos humanos y la creación de políticas públicas que empoderen a las personas con discapacidad, asegurando que sus voces y perspectivas sean parte integral del diálogo y la toma de decisiones políticas en la entidad.

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