Guerrero Bajo Tierra: La Propuesta que Blindaría la Energía Eléctrica y Telecomunicaciones ante Desastres Naturales

Chilpancingo de los Bravo a 25 de abril, 2026 — Por: Redacción

Chilpancingo, Gro., 24 de abril de 2026.— En un estado como Guerrero, constantemente expuesto a la furia de la naturaleza, la resiliencia de su infraestructura no es un lujo, sino una necesidad imperante. Reconociendo esta realidad, la diputada Erika Isabel Guillén Román ha puesto sobre la mesa del Congreso local una iniciativa que podría transformar radicalmente la forma en que el estado enfrenta los embates climáticos y telúricos: la transición gradual del cableado aéreo a sistemas subterráneos para la energía eléctrica y las telecomunicaciones.

La propuesta, presentada con un profundo sentido de urgencia y visión de futuro, busca proteger la infraestructura crítica que sostiene la vida diaria de millones de guerrerenses. Al exponer el tema en tribuna, la legisladora enfatizó que la vulnerabilidad del actual sistema de cableado aéreo ha quedado dolorosamente expuesta en múltiples ocasiones, dejando a comunidades enteras sin luz, comunicación y, en consecuencia, en una situación de mayor riesgo y aislamiento durante y después de fenómenos naturales.

Guerrero, con su extensa costa y su compleja geografía, es un punto de convergencia de huracanes, tormentas tropicales y actividad sísmica. Cada temporada de lluvias o cada movimiento telúrico se convierte en una prueba de fuego para la red eléctrica y de telecomunicaciones. Postes derribados, cables rotos y transformadores dañados son imágenes recurrentes que no solo interrumpen servicios esenciales, sino que también representan un peligro latente para la ciudadanía y generan pérdidas económicas millonarias. La iniciativa de la diputada Guillén Román emerge como una respuesta estratégica a esta problemática crónica, planteando una solución que, si bien ambiciosa, promete beneficios perdurables.

La esencia de la propuesta radica en la migración progresiva de la infraestructura de distribución de energía y de los tendidos de fibra óptica y cableado de datos, desde las alturas expuestas a la intemperie, hacia un entorno subterráneo protegido. Este cambio no es meramente estético, aunque la mejora visual de los paisajes urbanos sería un beneficio adicional considerable. Su verdadero valor reside en la robustez y seguridad que ofrece. Al estar bajo tierra, los cables quedan resguardados de vientos huracanados, caídas de árboles, impacto de objetos, vandalismo y, en gran medida, de las fluctuaciones térmicas extremas.

La diputada Guillén Román subrayó que el objetivo primordial es “garantizar la continuidad del suministro de energía eléctrica y de los servicios de telecomunicaciones, fundamentales para la seguridad, la economía y el bienestar de la población”. En un mundo cada vez más interconectado, la interrupción de estos servicios no solo es un inconveniente, sino que puede paralizar la actividad económica, dificultar las labores de rescate y asistencia humanitaria, y poner en riesgo vidas al cortar el acceso a información vital y servicios de emergencia.

Los beneficios de una infraestructura subterránea son múltiples y tangibles. En primer lugar, la resiliencia operativa. Un sistema subterráneo es inherentemente más resistente a los fenómenos naturales, lo que se traduce en menos interrupciones del servicio y una recuperación mucho más rápida en caso de alguna falla. Esto es crucial para mantener hospitales funcionando, sistemas de alerta temprana operativos y la comunicación fluida entre autoridades y ciudadanos.

En segundo lugar, la seguridad pública. Los cables aéreos representan un riesgo constante de electrocución, especialmente cuando caen durante tormentas. La eliminación de estos riesgos en espacios públicos aumenta significativamente la seguridad de peatones y vehículos.

En tercer lugar, la mejora estética y del valor inmobiliario. La eliminación de la maraña de cables y postes que afean muchas de nuestras ciudades libera el espacio visual, mejora la calidad del entorno urbano y puede incluso potenciar el valor de las propiedades y el atractivo turístico de las zonas intervenidas. Ciudades como Acapulco, que dependen en gran medida del turismo, podrían ver un impulso significativo en su imagen.

Finalmente, aunque la inversión inicial es considerable, a largo plazo se anticipa una reducción en los costos de mantenimiento y reparación. Los sistemas subterráneos requieren menos intervenciones por daños externos y su vida útil tiende a ser mayor, compensando gradualmente el desembolso inicial.

Sin embargo, la implementación de una iniciativa de esta magnitud no está exenta de desafíos. El principal obstáculo es, sin duda, la inversión económica. El costo de excavación, instalación de ductos, cableado especializado y equipos de protección es significativamente mayor que el de la infraestructura aérea tradicional. La diputada Guillén Román reconoció este punto y señaló la necesidad de explorar mecanismos de financiamiento innovadores, incluyendo la posibilidad de fondos federales, asociaciones público-privadas y esquemas de inversión a largo plazo que involucren a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a las empresas de telecomunicaciones.

Otro reto importante es la complejidad técnica y logística. La planificación y ejecución de proyectos de cableado subterráneo requieren de ingeniería especializada, estudios de suelo, coordinación con servicios existentes (agua, drenaje, gas) y una gestión meticulosa para minimizar las interrupciones en la vida cotidiana durante la fase de construcción. La experiencia de otras ciudades y países que han realizado esta transición será invaluable para Guerrero.

La propuesta de la diputada Erika Isabel Guillén Román representa un paso audaz hacia la modernización y la construcción de un Guerrero más resiliente. Es una invitación a mirar más allá de las soluciones temporales y a invertir en una infraestructura que no solo soporte los desafíos del presente, sino que también prepare al estado para las exigencias del futuro. La discusión en el Congreso será crucial para definir la viabilidad, los plazos y las etapas de esta ambiciosa iniciativa, pero el solo hecho de plantearla ya marca un hito en la búsqueda de una mayor seguridad y estabilidad para todos los guerrerenses.

La iniciativa ahora pasará a comisiones para su análisis y dictaminación, donde se espera un debate profundo sobre sus implicaciones técnicas, financieras y sociales. La participación de expertos, autoridades y la ciudadanía será fundamental para moldear una propuesta que pueda materializarse en beneficio de todo el estado.