Una investigación conjunta entre InSight Crime y Milenio ha puesto bajo los reflectores a una prestigiosa institución educativa en Estados Unidos: la Shattuck-St. Mary’s School en Minnesota. Los reportes revelan que esta escuela de élite habría recibido hasta 102 mil dólares anuales provenientes de presuntos líderes del narcotráfico mexicano, destinados a cubrir la educación de sus hijos.
Entre los nombres vinculados a estas transacciones se encuentran figuras prominentes del crimen organizado. Se menciona a José Rodrigo Aréchiga Gamboa, conocido como «El Chino Ántrax», presunto exlíder de sicarios del Cártel de Sinaloa, y Dámaso López Serrano, alias «El Mini Lic», hijo de Dámaso López Núñez, «El Licenciado». Ambos habrían utilizado esta vía para asegurar matrículas, alojamiento y otros gastos de sus descendientes en la institución, con sumas que alcanzaban decenas de miles de dólares por alumno al año.
La investigación detalla que la mecánica de estos pagos se valía de una compleja red de intermediarios y compañías fachada. El objetivo era claro: desvincular directamente a los narcotraficantes de las transacciones financieras, permitiendo así que el dinero de origen ilícito se «lavara» a través del sistema educativo y otorgara acceso a una educación de primer nivel en el extranjero para los hijos de estos individuos.
Frente a estas serias acusaciones, la Shattuck-St. Mary’s School ha respondido afirmando su estricto cumplimiento con todas las leyes federales de Estados Unidos, incluyendo las normativas diseñadas para combatir el lavado de dinero. La institución ha declarado que lleva a cabo una rigurosa debida diligencia sobre sus estudiantes y sus familias, subrayando su compromiso con la legalidad y la transparencia en sus operaciones financieras y admisiones.
Este caso no solo resalta la sofisticación de las redes de lavado de dinero que logran infiltrarse en diversos sectores, sino que también pone de manifiesto el persistente desafío que enfrentan las instituciones educativas y financieras para identificar y frenar la entrada de fondos ilícitos. La situación ilustra cómo los recursos generados por actividades criminales buscan no solo acumular riqueza, sino también forjar un futuro, aparentemente legítimo y con acceso a oportunidades de élite, para las siguientes generaciones de las familias implicadas en el narcotráfico, incluso más allá de las fronteras.
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