Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y diversas colectivas feministas en Durango han elevado un contundente llamado al Congreso local, exigiendo la despenalización del aborto en la entidad. Esta presión se inscribe en un contexto nacional de avances significativos en materia de derechos reproductivos, impulsado por sentencias históricas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que han declarado inconstitucional la criminalización del aborto a nivel federal, sentando un precedente que obliga a los estados a adecuar sus marcos legales.
La demanda de estos grupos se fundamenta en la protección de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, la salud pública y la autonomía corporal. Argumentan que la penalización del aborto no erradica su práctica, sino que la empuja a la clandestinidad, incrementando exponencialmente los riesgos para la vida y la salud de miles de mujeres cada año, especialmente aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social. La evidencia empírica de estados donde la interrupción legal del embarazo ha sido despenalizada demuestra la viabilidad y los beneficios de un marco legal que garantiza el acceso a servicios de salud seguros, oportunos y dignos, sin estigmatización ni criminalización.
Las colectivas han subrayado la urgencia de que los legisladores de Durango atiendan este reclamo, adaptando la legislación local a los precedentes judiciales federales, los cuales establecen que penalizar el aborto viola múltiples derechos fundamentales. La inacción legislativa no solo perpetúa la discriminación y la violencia contra las mujeres, sino que también las deja en una situación de vulnerabilidad legal y sanitaria, contraviniendo el principio de igualdad y no discriminación. Se busca asegurar que Durango se alinee con una visión progresista y respetuosa de los derechos humanos, garantizando que ninguna mujer sea criminalizada por tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida.
Este movimiento en Durango no es un hecho aislado, sino parte de una «marea verde» que recorre el país, buscando la homologación de legislaciones estatales con las determinaciones de la SCJN y los estándares internacionales de derechos humanos. La despenalización del aborto es vista como un paso fundamental para consolidar la igualdad de género, la justicia social y el pleno ejercicio de los derechos reproductivos en México. El Congreso de Durango tiene ahora la oportunidad histórica de responder a la demanda ciudadana, legislar con perspectiva de género y derechos humanos, y asegurar el bienestar y la dignidad de todas sus habitantes, honrando los principios de la justicia y la salud pública.
Deja una respuesta