Chilpancingo de los Bravo a 24 de marzo, 2026 — Por: Silvia Nayssa Arce Aviles
Chilpancingo, Gro., 23 de marzo de 2026.– En un movimiento que promete redefinir la relación entre la justicia y los ciudadanos en Guerrero, el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza ha puesto sobre la mesa del Congreso local dos iniciativas de ley que abordan problemas crónicos y sensibles: la tardanza y el costo en la devolución de bienes asegurados a víctimas de delitos, y la ausencia de un mecanismo claro y eficaz para combatir el hostigamiento sexual dentro del propio Poder Legislativo. Ambas propuestas, presentadas en Chilpancingo, buscan no solo modernizar el marco legal del estado, sino también sentar un precedente en la protección de derechos y la dignificación de la víctima.
La iniciativa, que propone adicionar los artículos 13 Bis y 13 Ter a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), representa un faro de esperanza para miles de ciudadanos que, tras ser víctimas de un delito, se enfrentan a un laberinto burocrático para recuperar sus pertenencias. En la actualidad, el aseguramiento de bienes —ya sean vehículos, inmuebles, dinero o cualquier otro objeto— por parte de las autoridades ministeriales es un paso necesario en la investigación de un delito. Sin embargo, lo que debería ser un proceso temporal y transparente, a menudo se convierte en una fuente adicional de sufrimiento y gastos para las víctimas.
Justicia sin Barreras: Devolución Expedita de Bienes a Víctimas
La propuesta del diputado Jiménez Mendoza busca erradicar la «revictimización» que sufren quienes, habiendo perdido ya parte de su patrimonio o tranquilidad, deben enfrentar procedimientos administrativos y judiciales prolongados, costosos e incluso opacos para recuperar lo que legítimamente les pertenece. La iniciativa establece que la devolución de estos bienes deberá ser **gratuita, ágil y en plazos definidos**, garantizando así una reparación del daño más efectiva y menos gravosa.
En la práctica actual, las víctimas a menudo se ven obligadas a contratar abogados, pagar peritajes y esperar meses, o incluso años, mientras sus bienes se devalúan o se deterioran en bodegas ministeriales. Esta situación no solo genera desconfianza en las instituciones, sino que también agrava la situación económica de quienes ya han sido afectados por la delincuencia. La adición a la Ley Orgánica de la FGE obligaría a la Fiscalía a establecer protocolos claros y eficientes, con tiempos máximos de respuesta, y a eliminar cualquier costo asociado a este trámite. Esto implicaría una reestructuración interna de los procesos de la Fiscalía, impulsando una mayor eficiencia y transparencia en la gestión de los bienes asegurados.
La medida es crucial en un estado como Guerrero, donde los índices de delincuencia han llevado al aseguramiento de un gran número de propiedades, desde vehículos utilizados en ilícitos hasta inmuebles relacionados con actividades criminales. Asegurar que estos bienes retornen a sus legítimos dueños de manera expedita no solo es un acto de justicia, sino también un paso fundamental para restaurar la fe pública en el sistema judicial y mitigar el impacto económico y emocional que un delito tiene en la vida de una persona. Es una reforma que, de aprobarse, podría alinear a Guerrero con las mejores prácticas en protección de víctimas a nivel nacional e internacional, haciendo eco de los llamados a la eficiencia y la humanidad en la administración de justicia.
Un Congreso Libre de Acoso: Protocolo Contra el Hostigamiento Sexual
La segunda iniciativa del diputado Jiménez Mendoza aborda una problemática igualmente urgente y de gran calado social: la necesidad de un **protocolo integral para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual** dentro del Congreso del Estado. Esta propuesta no solo es un reflejo de los movimientos globales por la igualdad de género y la protección de los derechos laborales, sino también una autocrítica necesaria para cualquier institución pública que aspire a la transparencia y la ética.
El protocolo, de ser aprobado, aplicaría a **diputados y diputadas, personal administrativo, de confianza y de base, así como a visitantes** del recinto legislativo. Esto significa que cualquier persona que interactúe en el ámbito del Congreso de Guerrero estaría protegida por un marco claro que defina qué constituye hostigamiento o acoso sexual, cómo denunciarlo de manera segura y confidencial, y cuáles serían las consecuencias para los infractores.
La ausencia de un protocolo explícito en muchas instituciones ha permitido que conductas inapropiadas queden impunes, generando ambientes laborales tóxicos, miedo y desigualdad. Las víctimas a menudo se enfrentan a la disyuntiva de callar por temor a represalias o a la falta de credibilidad, o de denunciar sin un camino claro y seguro a seguir. Esta iniciativa busca romper ese ciclo de silencio y desprotección.
La implementación de un protocolo de esta naturaleza no solo implica la creación de un documento, sino también la capacitación del personal, la designación de instancias o personas responsables de recibir y procesar las denuncias, y la garantía de que se llevarán a cabo investigaciones imparciales y expeditas. Además, se espera que incluya medidas de prevención, como campañas de sensibilización y formación en materia de género y derechos humanos, para fomentar una cultura de respeto y cero tolerancia a la violencia. Un Congreso que se dota de tales herramientas envía un mensaje poderoso a la sociedad: que la casa de la ley es también un espacio seguro y respetuoso para todos sus integrantes. Este paso es fundamental para que el Poder Legislativo sea un ejemplo de buenas prácticas y un promotor activo de la igualdad y la justicia de género en el estado.
Implicaciones y Perspectivas
Ambas iniciativas, aunque distintas en su objeto, convergen en un punto esencial: la búsqueda de una **mayor transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos** en Guerrero. La propuesta sobre bienes asegurados busca humanizar el proceso judicial y proteger el patrimonio de las víctimas, mientras que el protocolo contra el acoso sexual busca dignificar el ambiente laboral y garantizar la seguridad de todas las personas que forman parte del engranaje legislativo.
La presentación de estas iniciativas en 2026, un año de importantes definiciones políticas y sociales, subraya la creciente demanda ciudadana por instituciones más eficientes, justas y éticas. La aprobación de estas reformas no solo beneficiaría directamente a los guerrerenses, sino que también fortalecería la legitimidad y credibilidad de sus instituciones, demostrando que el Poder Legislativo está atento a las necesidades más apremiantes de la sociedad y dispuesto a actuar con determinación para satisfacerlas. El camino hacia su discusión y eventual aprobación será un termómetro del compromiso real de los legisladores con la justicia y la dignidad en el estado.* Ultimátum de la CIDH a México por Reforma Judicial; Ecocidio Asfixia el Golfo
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