El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha lanzado una contundente alerta sobre la alarmante situación en Chiapas, señalando que el estado enfrenta una crisis profunda y multidimensional de derechos humanos. Esta denuncia, respaldada por años de documentación y acompañamiento a comunidades, subraya un deterioro sin precedentes en la entidad, donde la violencia, el crimen organizado y la impunidad configuran un panorama desolador.
Según el informe de Frayba, la escalada de violencia es palpable en diversas regiones, particularmente en la Selva, el Norte y Los Altos de Chiapas. Estas zonas se han convertido en focos rojos donde la presencia de grupos armados, incluyendo el crimen organizado y paramilitares, ha provocado un ambiente de terror. La disputa territorial y el control de actividades ilícitas han desencadenado enfrentamientos, secuestros, extorsiones y asesinatos que impactan directamente en la vida de los pueblos originarios y comunidades campesinas.
Una de las consecuencias más devastadoras de esta crisis es el desplazamiento forzado masivo. Miles de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares y tierras ancestrales para salvaguardar sus vidas ante la amenaza constante, perdiendo su patrimonio y su tejido social. Frayba enfatiza que este fenómeno no solo viola el derecho a la vivienda y a la seguridad, sino que también desestructura comunidades enteras, exacerbando la pobreza y la vulnerabilidad.
La organización también critica la respuesta del Estado mexicano. Lejos de ser efectiva, la acción gubernamental es descrita como «omisión, simulación y colusión», lo que agrava la situación y fomenta un clima de impunidad generalizado. La falta de acceso a la justicia y la criminalización de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios que denuncian estas atrocidades, demuestran la complejidad y la gravedad del desafío.
Frayba hace un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que asuman su responsabilidad en la protección de la vida y la dignidad de los habitantes de Chiapas. La organización exige acciones concretas para desmantelar los grupos armados, garantizar la seguridad de las comunidades, atender a las personas desplazadas y asegurar el acceso a la justicia para las víctimas, antes de que la crisis alcance un punto de no retorno.
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