La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto el foco en la gestión del extinto Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conahcyt), hoy Conacyt, al detectar serias irregularidades en el manejo de 50 mil millones de pesos. Estas observaciones, correspondientes a la Cuenta Pública 2020, señalan un traspaso masivo de fondos desde diversos fideicomisos hacia una cuenta concentradora de la Tesorería de la Federación, una acción que la ASF considera carente de sustento legal.
El informe de la ASF detalla que esta operación afectó directamente a 26 centros públicos de investigación (CPIs) que dependían de Conahcyt. Los fideicomisos, creados para financiar proyectos científicos y tecnológicos, fueron vaciados bajo una premisa que, según la auditoría, no se alinea con la normativa vigente en el momento de la transferencia. La acción, llevada a cabo por la entonces Dirección de Fideicomisos, provocó la eliminación de dichos instrumentos financieros, a pesar de que algunos contaban con recursos significativos.
Una de las principales preocupaciones de la ASF es el potencial impacto en la autonomía y la capacidad operativa de los investigadores y centros científicos. La desaparición de estos fondos fiduciarios podría limitar el acceso a recursos esenciales para el desarrollo de proyectos a largo plazo y la estabilidad de la investigación en México. La ASF enfatiza que la justificación presentada por Conahcyt para la transferencia, basada en la necesidad de centralizar recursos, no exime de la observancia de los marcos legales que regían estos fideicomisos.
Adicionalmente, la auditoría también señaló que el actual Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt) ha modificado las reglas de operación de los Centros Públicos de Investigación y Centros Públicos de Tecnología, situación que, aunque no es directamente irregular, genera interrogantes sobre la continuidad y el futuro de la gestión de la ciencia y tecnología en el país tras la extinción de los fideicomisos. Estas observaciones de la ASF buscan garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la investigación científica y el desarrollo tecnológico en México.
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