Ciudad de México a 8 de agosto, 2026 — Por: Redacción
ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.– Un juez federal ha determinado que Ángel Aguirre Rivero, quien fuera gobernador del estado de Guerrero, deberá enfrentar su proceso judicial bajo la medida de prisión preventiva justificada. La resolución se emitió tras una audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó cargos contundentes por presuntos delitos electorales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la sesión, la defensa del exmandatario hizo una enfática solicitud para que se le concediera el beneficio del arraigo domiciliario. Los abogados argumentaron que la avanzada edad de Aguirre Rivero, quien cuenta con 70 años, y su delicado estado de salud, respaldado por una serie de certificados médicos, justificaban una medida cautelar menos restrictiva. Sin embargo, el juzgador consideró que la naturaleza grave de los delitos imputados y el potencial riesgo de fuga prevalecían sobre las condiciones presentadas por la defensa.
Traslado Inmediato al Altiplano
Inmediatamente después de la decisión judicial, Ángel Aguirre Rivero fue trasladado a una de las instalaciones penitenciarias de máxima seguridad del país: el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 «Altiplano», ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Este movimiento subraya la seriedad con la que las autoridades están manejando el caso y la determinación de asegurar la presencia del acusado durante todo el proceso.
Los cargos contra Aguirre Rivero se inscriben en el marco de una extensa investigación vinculada a la denominada «Estafa Maestra», un esquema complejo que involucró el desvío de fondos públicos a través de convenios con universidades y otras entidades. Si bien la investigación contra el exgobernador tiene antecedentes que se remontan a 2014, posterior a los trágicos eventos de Ayotzinapa, la FGR ha aclarado que las acusaciones actuales son específicas y distintas, enfocándose en el manejo irregular de recursos y transgresiones a la ley electoral durante su administración.
La Postura de la Defensa y las Expectativas
La defensa de Aguirre ha manifestado su desacuerdo con la resolución y ha anunciado que presentará los recursos legales correspondientes para impugnar la prisión preventiva. Insisten en que su cliente ha mostrado siempre una actitud de colaboración con las autoridades y que, dadas sus condiciones de salud y edad, no representa un riesgo de fuga. Argumentan que el arraigo domiciliario permitiría a Aguirre enfrentar la justicia sin comprometer su bienestar físico.
Este caso se suma a una serie de procesos judiciales contra exfuncionarios en México, reflejando un esfuerzo continuo por combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho. La sociedad mexicana, atenta a estos desarrollos, espera que la justicia prevalezca y que se establezcan precedentes claros en materia de rendición de cuentas para quienes ostentan cargos públicos.
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