Amilcingo, Morelos.- La comunidad de Amilcingo, Morelos, se encuentra en alerta tras la detención de David Hernández Salazar, un prominente defensor del territorio, ocurrida el pasado 9 de enero. Familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian una alarmante falta de información oficial sobre su paradero y situación legal, generando profunda preocupación por su integridad.
Hernández Salazar, de 30 años, fue aprehendido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) en Amilcingo. Según los primeros reportes y las denuncias de su familia, la detención se ejecutó sin claridad sobre los cargos específicos, y desde entonces, no se ha proporcionado información transparente a sus allegados o abogados sobre el centro de detención o su estado de salud. Esta opacidad ha llevado a la familia a considerar la detención como arbitraria, violando el debido proceso.
La detención de David Hernández Salazar se enmarca en un contexto de intensa lucha por la defensa del territorio y los recursos naturales en la región. Él es un activo miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), una organización que ha encabezado la resistencia contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), incluyendo la construcción de un gasoducto. Cabe destacar que David es hermano de Samir Flores Soberanes, otro reconocido activista que fue asesinado en 2019, lo que añade una capa de urgencia y temor a la situación actual.
La acusación que se le imputa, según información extraoficial, sería por daños a un gasoducto en la comunidad de Hueyapan, Morelos, en 2019. Sin embargo, la persistente falta de confirmación oficial y la negativa a informar a la familia y representantes legales sobre el proceso ha avivado la indignación de la comunidad.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos exigen a las autoridades federales la inmediata presentación de David Hernández Salazar, el acceso irrestricto a sus abogados y el respeto a su debido proceso. La transparencia en estos casos es fundamental para garantizar la justicia y evitar la criminalización de la defensa del territorio, un derecho reconocido y protegido a nivel internacional. La comunidad de Amilcingo y el FPDTA-MPT permanecen vigilantes, demandando la liberación de Hernández Salazar y la rendición de cuentas por parte de las autoridades involucradas en este caso.
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