El edificio “Prisma” del Poder Judicial de la Federación (PJF), una de las sedes neurálgicas de la impartición de justicia en México, fue escenario de un desalojo preventivo y masivo tras recibirse una alarmante amenaza de bomba. El incidente, que tuvo lugar en su ubicación de avenida Insurgentes Sur 2417, desató una importante movilización de cuerpos de seguridad y de Protección Civil en la capital del país.
La evacuación del inmueble, que alberga a cientos de empleados judiciales y atiende a numerosos ciudadanos diariamente, se llevó a cabo siguiendo estrictos protocolos de seguridad interna. El personal y los visitantes fueron instruidos para abandonar el edificio de manera ordenada, siendo dirigidos hacia puntos de encuentro seguros previamente establecidos. Esta medida precautoria buscaba salvaguardar la integridad física de todas las personas ante la potencial gravedad de la alerta.
Inmediatamente después de la evacuación, equipos especializados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Protección Civil, incluyendo unidades caninas y expertos en explosivos, iniciaron una exhaustiva y metódica revisión de todas las instalaciones del edificio. El despliegue de recursos fue considerable, reflejando la seriedad con la que se toman este tipo de avisos en infraestructuras críticas del estado. La zona circundante también fue asegurada temporalmente para prevenir cualquier eventualidad y facilitar las labores de inspección.
Tras varias horas de una minuciosa inspección piso por piso, y la revisión de cada rincón del complejo, las autoridades confirmaron que no se localizó ningún artefacto explosivo. La amenaza carecía de fundamento, permitiendo disipar la tensión y el temor generados por la alerta. La confirmación de la ausencia de peligro fue crucial para proceder a la siguiente fase de la operación, garantizando la seguridad del inmueble y sus ocupantes.
Con la seguridad plenamente restablecida, se dio la indicación para que el personal del PJF regresara gradualmente a sus puestos de trabajo, reanudándose las labores judiciales en el edificio Prisma. Este episodio subraya la efectividad y la necesidad de mantener protocolos de emergencia robustos y una coordinación impecable entre las instituciones de seguridad. La rápida y organizada respuesta, aunque generó una interrupción temporal en la actividad judicial, aseguró la protección de vidas y bienes, demostrando la preparación ante situaciones críticas.
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