Tepic, Nayarit. Organizaciones de derechos humanos y familiares han levantado una fuerte voz de alarma ante presuntos abusos y fabricación de delitos en las detenciones del activista ambiental Rodrigo Flores y del joven Alexis Tadeo en Nayarit. Los casos, denunciados ante la opinión pública y diversas instancias, señalan un patrón preocupante de violaciones al debido proceso y criminalización de la protesta social en la entidad.
Según las denuncias, Rodrigo Flores, conocido por su activismo ambiental, fue detenido arbitrariamente y, posteriormente, habría sido víctima de tortura y malos tratos. Las acusaciones en su contra incluyen delitos como obstrucción de la justicia y rebelión, lo que sus defensores consideran una estrategia para silenciar su labor. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT) ha subrayado la gravedad de estas alegaciones, instando a las autoridades a garantizar su integridad y un juicio justo.
El caso de Alexis Tadeo no es menos preocupante. Familiares y defensores aseguran que el joven fue detenido sin una orden de aprehensión clara, sometido a tortura para autoincriminarse y, posteriormente, acusado de delitos que no habría cometido. Se destaca la falta de notificación oportuna a sus parientes sobre su paradero, lo que agrava las sospechas de un procedimiento irregular y violatorio de sus derechos fundamentales. El Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) se ha sumado a las voces de condena, exigiendo una investigación exhaustiva y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Estas detenciones, según las organizaciones, no son hechos aislados, sino que forman parte de un contexto más amplio donde se percibe una tendencia a utilizar el aparato de justicia para reprimir la disidencia y el activismo social. Las familias de Flores y Tadeo, junto con diversas asociaciones, claman por la intervención de organismos nacionales e internacionales para asegurar una investigación imparcial, deslindar responsabilidades y garantizar que se respeten los derechos humanos y el debido proceso de los detenidos. La sociedad civil espera una pronta respuesta de las autoridades de Nayarit que ponga fin a la impunidad y restaure la confianza en la justicia.
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